
Por Mérida exige al Ayuntamiento una mayor rebaja fiscal ante su “sólida” situación financiera
El grupo municipal Por Mérida ha valorado positivamente las recientes rebajas fiscales anunciadas por el Gobierno local, que tendrán un impacto de 3 millones de euros, pero las considera insuficientes. Desde la formación entienden que las medidas, que incluyen una reducción del 10% en la cuota del agua o bonificaciones en el IBI, son limitadas “en alcance y cuantía” y no responden a la incertidumbre económica actual.
Por Mérida subraya que la “excelente situación financiera” del Ayuntamiento, con cerca de 40 millones de euros en tesorería, permite ir más allá.
En este contexto, consideran que esta solidez “debe traducirse en un mayor alivio fiscal para los vecinos” y, por ello, han presentado una batería de propuestas alternativas.
La primera de sus propuestas busca impulsar la mejora de inmuebles en barrios vulnerables. Para ello, plantean una bonificación del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para actuaciones de rehabilitación en la vivienda habitual.
La medida afectaría a zonas como San Juan, Santa Isabel, María Auxiliadora, Las Abadías o La Corchera, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y evitar la despoblación en estas áreas.
En segundo lugar, el grupo municipal propone una bonificación del 95% en la plusvalía municipal en las transmisiones por herencia de la vivienda habitual. Según explican, esta iniciativa, que ya se aplica en otras ciudades españolas, tiene como fin proteger a “viudos y familias en momentos delicados”, evitando que afronten cargas fiscales elevadas tras el fallecimiento de un familiar.
La propuesta de mayor calado es una rebaja del tipo impositivo del IBI del 0,66% actual al 0,5% durante, al menos, dos años.
Esta reducción se aplicaría a la vivienda habitual y un local por titular, lo que, a su juicio, aliviaría la presión fiscal de forma directa a la mayoría de la población y favorecería la inversión y el crecimiento demográfico.
Desde Por Mérida defienden que todas sus propuestas son “legalmente viables y asumibles económicamente” para las arcas municipales. Además, plantean que otras bonificaciones ya existentes, como las dirigidas a familias numerosas, se adapten a criterios de renta y progresividad para garantizar una mayor equidad en su aplicación.













