La Fundación Nacional Francisco Franco puede estar cada vez más cerca de su final. El Gobierno sigue con el plan de cerrar la organización franquista por excelencia y este martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado la resolución que pone fin al procedimiento administrativo para dar paso a la Justicia, a la que el Ministerio ha dado traslado del expediente a través de la Abogacía del Estado, según ha anunciado el ministro ante los medios de comunicación este 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República. Será un juez o jueza el que tome la decisión defintiva.

Según el ministro, se trata de un expediente “sólido” con el que considera “acreditado” que la fundación “no cumple con los fines de interés general” que deben perseguir las fundaciones y que “hace apología de Franco y del franquismo” además de promover actividades y mensajes que “suponen el menosprecio y humillación de las víctimas”, que son los requisitos que introdujo la Ley de Memoria Democrática en 2022 como causas de extinción de este tipo de organizaciones.

En junio de 2024 el Ministerio de Cultura dio inicio al procedimiento con el arranque de las actuaciones previas, pero hace seis meses se produjo la firma del acuerdo y su notificación a la fundación. Desde entonces, se han seguido todos los pasos previstos en la Ley de Fundaciones, con distintos periodos de alegaciones. El pasado marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la petición de la organización para frenar de forma inmediata su ilegalización tras un recurso en el que solicitaba paralizarla como medida cautelar.

Con este paso, la autoridad judicial tendrá ya sobre la mesa la propuesta que puede dar el portazo a una fundación que lleva medio siglo –desde la muerte del dictador– exaltando su figura.

Para llegar hasta este punto, el Ministerio de Cultura ha recibido informes de la Abogacía del Estado y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que ha analizado más de 5.000 publicaciones en la web y redes sociales de la organización, así como sus apariciones en prensa desde 2018 hasta marzo de 2025.

“El procedimiento se ha desarrollado con todas las garantías desde su inicio”, ha apuntado Urtasun, que ha afirmado que “en dos ocasiones se ha dado trámite de alegaciones a la fundación” constituida en 1976 por, entre otras personas, la viuda del dictador, Carmen Polo. Según el ministro de Cultura, el expediente que tendrá ahora que evaluar un Juzgado de Primera Instancia es “riguroso y está bien fundamentado jurídicamente” y, aunque la decisión final está en manos de un juez, el Gobierno “considera que concurren de manera fehaciente las causas legales para su extinción”. “Estamos con la ley en la mano protegiendo la dignidad de las víctimas”, ha añadido.

En paralelo al proceso de extinción de la fundación, Urtasun también ha explicado que ha solicitado a la Abogacía del Estado que inicie la reclamación de los casi 30.000 documentos del archivo de la Fundación Franco tras constatar que se trata de documentación que fue consecuencia de “las funciones públicas” que desempeñó el dictador como jefe de Estado. Considera por ello el Ministerio en virtud de la Ley de Patrimonio Histórico Español que os documentos deben ser restituidos al Estado y conservarse en un archivo público.

La “glorificación” de Franco

La decisión del Gobierno de instar al cierre de la fundación se basa entre otros elementos en un informe encargado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con varias patas: el estudio incluye el análisis pormenorizado de las publicaciones de la funación, un estudio del catedrático de Derecho Constitucional Javier García Fernández y varias entrevistas a víctimas del franquismo para concluir en base a todo ello que se cumplen las condiciones previstas en la ley.

Los estudios destacan que casi todo su contenido está dedicado “a la exaltación del dictador y la dictadura” con componentes de “glorificación” a Franco y los símbolos del régimen.

En base a sus estatutos, la organización presididad por el exgeneral Juan Chicharro tiene “una actividad principal” que es la de “difundir y promocionar el estudio del legado y las realizaciones” del dictador “entre 1936 y 1977”, lo que supone trasladar “una visión inequívocamente positiva”.

El acuerdo firmado por Urtasun resalta, además, “tres patrones” de humillación de quienes fueron sus víctimas o de sus familiares: su “descalificación”, la negación de los daños calificando de “mentira” o “farsa” episodios trágicos y la “apropiación y relectura sesgada” del pasado. Todo ello apunta a una “estrategia deliberada” de la fundación para “ridiculizar y deslegitimar” a quienes sufrieron la represión del régimen.