El caso del inquiokupa finolis de Tenerife, que destapamos en Herrera en COPE Tenerife, ha tenido un final feliz un año después de que la propietaria, María del Cristo Báez, denunciara su situación. Este inquilino, que se hizo conocido por el apodo que ella misma le acuñó, entró en su vivienda en la zona del Portezuelo, en La Laguna, pagando solo el primer mes de alquiler. 

A partir de ahí, dejó de abonar las mensualidades mientras disfrutaba de la casa y a la par, presumía de un alto poder adquisitivo, con ropa de marca y coches de alta gama.

La actitud del inquilino fue desafiante desde el principio. Según relató la propietaria, él mismo le advirtió de sus intenciones desde el primer momento. “Lo siento por ustedes que son buenas personas, pero yo voy a estar aquí mínimo un año gratis, porque la ley está de mi parte, y los juzgados tardará más de un año en desahuciarme”, le espetó. 

Lejos de ocultarse, el hombre instaló una potente alarma en la propiedad y no dudó en llamar a la Guardia Civil acusando a María del Cristo de coacciones cuando intentaba acercarse a su propia casa, todo mientras ella seguía pagando los suministros de agua y luz.

Para La propietaria, la situación era de una impotencia absoluta al ver que su inquilino no era una persona en situación de precariedad.

“No es como otros casos de una familia vulnerable, no, no, es un cara dura en toda regla”, ha afirmado en una entrevista en COPE Tenerife. 

La frustración se veía agravada por el lujoso tren de vida que el hombre exhibía, un nivel que, según la propietaria, ni ella misma se podía permitir en ese momento.

El desenlace de esta historia no ha llegado a través una setencia de deshaucio, sino por una vía completamente inesperada. La Policía Nacional ha detenido al inquilino en el marco de una investigación por una presunta estafa que supera los 90.000 euros. Fueron los vecinos quienes alertaron a la propietaria tras escuchar “un estruendo enorme en el edificio”. Se trataba de los agentes, que tiraron la puerta abajo para proceder a su detención y registrar la vivienda.

Gracias a esta intervención policial, María del Cristo ha podido recuperar la posesión de su casa.

De haber dependido del proceso de desahucio, la espera se habría alargado mucho más. “Si espero por el procedimiento judicial, la fecha de lanzamiento era ayer. O sea, imagínate, 18 meses después de la firma del contrato”, ha explicado. Este hecho evidencia la enorme dilación que sufren estos procedimientos en los tribunales.

Afortunadamente para la propietaria, la forma en que se produjo el desalojo evitó males mayores en el inmueble.

Al ser una detención sorpresiva, el inquilino no tuvo tiempo de causar daños. “La vivienda, gracias a la intervención policial, estaba bien, porque lo único que tuvimos que hacer es repasar la pintura”, comenta aliviada. María del Cristo sospecha que el resultado habría sido muy diferente si se hubiera llegado al lanzamiento judicial, ya que “lo normal es que la hubiesen dejado en pésimo estado”.

La experiencia vivida ha dejado una profunda herida en María del Cristo, hasta el punto de tomar una decisión drástica y definitiva respecto a su propiedad. “La casa ya esta vendida y la decisión tomada”, ha sentenciado. 

La propietaria ha decidido no volver a arriesgarse a pasar por una situación similar, argumentando la desprotección que sufren los dueños de viviendas.

“Realmente no existen garantías, y aunque legalmente el desahucio era por falta de pago de la renta, la dilación en los tribunales es inmensa”, lamenta.

El desgaste psicológico y la tensión acumulada durante más de un año han sido determinantes en su elección de vender. “Hay que vivirla para saber lo que es, hay que vivirla para saber el sufrimiento que es, el desgaste, el tener que estar pagándole, porque encima pagándole el agua, pagándole la luz, pagando todo”, ha manifestado. 

María del Cristo ha querido dejar claro que no es una gran tenedora, sino una ciudadana corriente. “Yo no soy gran tenedor, o sea, yo solo tengo esa propiedad y donde vivo, y la he mantenido a base de pagar la hipoteca y de mi trabajo”, explica. Como muchos otros pequeños propietarios, su vivienda es fruto del esfuerzo y el ahorro, destinada a ser un complemento para tener una vida más desahogada.

Curiosamente, la propietaria es abogada de profesión, lo que le ha permitido vivir el problema desde una doble perspectiva.

“Esto es como en medicina, que por muy médico que seas, hasta que no estás tú enfermo no lo vives en propia carne”, reflexiona. Su diagnóstico sobre el sistema es claro: “La justicia va demasiado lenta”. Considera que el problema es complejo y sistémico, afectando a tribunales, abogados y fiscales por igual.

Según su análisis, el sistema judicial arrastra un desgaste desde la pandemia, agravado por las posteriores huelgas, lo que ha provocado que “todos los procedimientos que deberían de ser express se estén dilatando muchísimo en el tiempo, hasta dos años”. Por ello, cree urgente buscar una solución, ya que sin un sistema judicial garantista y rápido, la indefensión ciudadana es cada vez mayor.

Finalmente, María del Cristo reivindica el papel de los pequeños arrendadores, que a menudo son demonizados.

“Los pequeños propietarios que estamos alquilando viviendas también estamos resolviendo la papeleta a muchas familias que no pueden acceder al mercado de la vivienda”, defiende. Asegura no haber tenido nunca precios abusivos, pues su prioridad siempre fue “tener a alguien que te pague y te cumpla” por encima de maximizar el beneficio.