El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia clave que da la razón a los más de medio millón de interinos que trabajan en la administración pública española. El fallo asegura que España no castiga los abusos en la temporalidad ni compensa adecuadamente a los trabajadores, además de señalar que la figura del indefinido no fijo no es una solución válida. 

Así lo ha analizado el presidente del CSIF, Miguel Borra, en una entrevista en ‘Mediodía COPE’, donde ha afirmado que la decisión judicial respalda su posición sobre el incumplimiento sistemático de la ley por parte del Gobierno.

En palabras de Borra, la posición del TJUE “nos da total y absolutamente la razón”.

El presidente de CSIF ha denunciado que actualmente hay, por lo menos, 125.000 trabajadores públicos que “continúan en abuso de la temporalidad”, lo que supone que un 23% de las plazas que estaban sujetas a estabilización todavía no se han cubierto. 

Esta situación afecta a colectivos esenciales como “médicos, maestros, trabajadores de la justicia o los que cuidan a nuestras personas mayores”, ha especificado.

Miguel Borra ha sido muy crítico con la figura del indefinido no fijo, que considera una “tomadura de pelo”. Según ha explicado, este tipo de contrato no es más que una forma de enmascarar la temporalidad. 

“El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a reconocer que el concepto de indefinido no fijo a efectos del acuerdo marco sigue siendo un trabajador temporal”, ha subrayado el presidente de CSIF, quien ha recordado que el 30% de los trabajadores del sector público en España son temporales.

El máximo responsable de CSIF ha señalado directamente a la tasa de reposición como una de las causas principales del problema.

Aunque se ha logrado un acuerdo con el Gobierno para su eliminación, las administraciones siguen sin convocar todas las plazas estructurales necesarias, incluidas las que quedan vacantes por jubilación.

 “Si alguien se jubila, habrá que cubrir esa jubilación”, ha insistido Borra, denunciando que esta práctica condena a miles de trabajadores a no poder estabilizar su plaza.

Además, Borra ha descrito el caos que sufren muchos profesionales, con ofertas públicas de empleo que se prolongan durante años y procesos que se solapan, obligando a los interinos a presentarse a múltiples oposiciones sin obtener una resolución. 

Esta dinámica genera una “situación de indefensión total frente a esa gran maquinaria que muchas veces es esa administración pública dirigida con criterios políticos”.

Por todo ello, desde CSIF se exige al Gobierno que regule “sanciones ejemplares claras, concretas y aplicables para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal”. Borra ha concluido recordando que 105.000 personas continúan atrapadas en un abuso de temporalidad porque sus plazas, sujetas a estabilización, no han sido resueltas o convocadas.