NUEVO TITULO: Funcionarios del Estado Español Reducirán su Jornada Laboral a 35 Horas Semanales
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha oficializado la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para los empleados de la Administración General del Estado (AGE). Esta medida, que entra en vigor de manera inmediata, es el resultado de un acuerdo firmado en marzo entre el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.
Impacto y Adaptación
Se estima que alrededor de 220.000 empleados públicos se beneficiarán de esta modificación.
Los ministerios y organismos públicos dispondrán de un mes para ajustar sus horarios, calendarios laborales y sistemas de control de acceso a la nueva normativa. El cómputo anual de trabajo efectivo se establece en 1.533 horas.
La resolución publicada en el BOE enfatiza que la implementación de esta medida debe garantizar la “adecuada prestación y continuidad de los servicios públicos”.
Para ello, se prevén ajustes en las plantillas con el fin de evitar posibles problemas en la atención a los ciudadanos.
Excepciones y Casos Especiales
Es importante destacar que esta reducción de jornada no se aplica a todos los funcionarios. Queda excluido el personal militar de las Fuerzas Armadas y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Tampoco se aplica directamente a otras administraciones, como las Comunidades Autónomas o las entidades locales, donde la reducción deberá ser negociada individualmente.
La normativa también contempla adaptaciones para colectivos con condiciones laborales singulares, como los trabajadores de instituciones penitenciarias, centros sanitarios o educativos. En estos casos, la implementación estará sujeta a una regulación pública específica que deberá ser comunicada a la Secretaría de Estado de Función Pública.
Jornada Intensiva de Verano y Conciliación
El BOE también incluye la posibilidad de establecer una jornada intensiva de verano, que se aplicará entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, con turnos continuados de seis horas y media.
Además, se introduce flexibilidad para facilitar la conciliación familiar, permitiendo adelantar este régimen al 1 de junio para el cuidado de menores de hasta 12 años o personas con discapacidad, compensando posteriormente las horas para respetar el cómputo anual.
