De México a Sevilla: El Laberinto Legal para la Nacionalidad Española

Roberto Cid, descendiente de gallegos, ha encontrado en Sevilla su segundo hogar. Tras jurar y obtener el arraigo a través de la Ley de Memoria Democrática, espera la certificación oficial de su nacionalidad española. Este proceso le permite recuperar el legado de su abuela, quien perdió la nacionalidad al casarse con un extranjero, y reivindicar su árbol genealógico tras cuatro años de burocracia.

Cid destaca el “limbo jurídico” en el que se encuentran muchos nietos y bisnietos de españoles, y subraya la necesidad de fortalecer la administración para cumplir con la promesa de la ley.

Modificación de la Ley de Memoria Democrática

Recientemente, el Congreso aprobó una modificación a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Esta reforma regula las indemnizaciones a las víctimas o familiares de aquellos que fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes luchando por la democracia durante el tardofranquismo y la Transición.

La disposición adicional octava de la ley original permite adquirir la nacionalidad a los descendientes de españoles que renunciaron a ella y sufrieron el exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual. También se concede la nacionalidad a los hijos mayores de edad de españoles a quienes se les reconoció la nacionalidad bajo esta norma, y a los nacidos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978.

Este último caso fue el que afectó a la abuela de Roberto, Dolores Riobó, quien emigró a México a los 13 años. La dificultad para encontrar su partida de nacimiento en el Registro Civil se debió a que su bisabuelo se hizo conocer como Guillermo Riobó, en lugar de su apellido original, Gómez de Rioboó.

“Política Migratoria de Apertura y de Reparación”

Dolores Riobó perdió su nacionalidad española al casarse con Roberto Cid Ramírez, ciudadano mexicano. La ley franquista establecía que las mujeres perdían este derecho al casarse con extranjeros, impidiendo que sus descendientes lo heredaran. Leal reflexiona que “los descendientes son el vínculo más reciente que tiene España con Latinoamérica” y que este es un momento de “política migratoria de apertura y de reparación”.

A pesar de este reconocimiento, los trámites burocráticos dificultan que muchas personas se beneficien, debido a los retrasos o la inoperancia de los registros civiles. Los colectivos afectados en México y Argentina recurren a abogados especializados para facilitar el proceso.

La queja generalizada es que, aunque el Gobierno español reconoció el derecho, muchos registros no colaboraron adecuadamente y los certificados de nacimiento tardaron en llegar o no se encontraron. La disposición octava entró en vigor el 21 de octubre de 2022, con un plazo de tres años para tramitar la declaración, extensible por prórroga. Ante la dificultad, Leal contrató a una genealogista cuando el Registro Civil de Ferrol dio una respuesta negativa por la discrepancia en el apellido.

De 1890 a 2026: La Investigación Genealógica

Helena González fundó Bisagras de Papel en 2016, dedicándose a la investigación genealógica. Desde Galicia, ha atendido a casi 300 personas de países como Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos y México, entre otros, ayudándoles a encontrar documentos certificados de nacimiento o partidas bautismales que prueben el nacimiento del antepasado en la comunidad, amparándose así bajo la ley de memoria democrática.

En el caso de Roberto Cid, el Registro Civil de Ferrol inicialmente dio respuestas negativas. La investigación partió del certificado de matrimonio y defunción del bisabuelo, realizando una búsqueda exhaustiva en padrones, registros civiles e incluso el testamento del padre. El nacimiento de Guillermo se ubicó en los primeros meses de 1890 en Ferrol, y tras insistir, se logró encontrarlo tras identificar el intercambio de apellidos al emigrar a México.

González explica que las primeras pistas son confusas, con cientos de parroquias y ayuntamientos para consultar. Muchos descendientes envían peticiones masivas, colapsando los registros, hasta que recurren a ayuda especializada. El registro civil solo está digitalizado e indexado a partir de 1950 en las localidades más grandes, y en los archivos diocesanos la búsqueda es manual, con el riesgo de pérdida de material por incendios, inundaciones o mal estado.

Más Recursos y Perspectivas

González comparte anécdotas de vidas que ha investigado en su blog, como la historia de una gallega que emigró a Estados Unidos y trabajó como institutriz, conociendo en Turquía a un hombre con quien compartió su vida. Décadas después, su nieta buscó recobrar las raíces españolas extirpadas por la ley. González destaca la emoción de “entrar en contacto con el mundo del que proceden” y pide a la administración dotar de recursos y medios digitales a los archivos.

Actualmente, el joven Roberto espera una respuesta de Madrid tras jurar la nacionalidad, y su padre, Roberto Cid Riobó, prevé recibir su certificado en dos años. Leal manifiesta que no son “ni más ni menos que otros migrantes” y merecen ser acogidos como sus abuelos lo fueron en otros países. Además, señala que muchos podrían beneficiarse de la regularización extraordinaria que comienza en abril, aunque la diferencia es que esta concede la residencia española, no la nacionalidad.

Roberto llegó a Sevilla en 2020 para estudiar un máster en abogacía, haciendo de la ciudad su nuevo hogar. Cree que “el migrante viene abierto a conocer y la sociedad también debe abrirse a él”, encontrando su lugar gracias al idioma y las costumbres compartidas. Desearía que la ley de Memoria Democrática se extendiese en el tiempo, como la normativa italiana, en la que la obtención de la nacionalidad por descendencia es un derecho permanente, aunque el Gobierno de Giorgia Meloni ha introducido restricciones.

Hasta el 19 de septiembre de 2025, el Gobierno central ha concedido 237.145 nacionalidades a descendientes de exiliados republicanos de las 876.321 solicitudes realizadas. Para Roberto, poseer la nacionalidad española supone una diferencia significativa, especialmente en comparación con las posibilidades de visado para sus compatriotas latinos en un contexto de persecución del ICE en Estados Unidos. “La nacionalidad española es uno de los mejores calificados para accesos y, al final, abre un mundo”, concluye.