El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha reivindicado el compromiso de la Iglesia en los últimos años para la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales, así como medidas de formación, prevención. Un camino que dará nuevos pasos esta semana, en la que los obispos debatirán durante la Asamblea Plenaria una posible aprobación de un decreto general “sobre sanciones a clérigos causantes de delitos, además de lo que los posibles procedimientos penales pudieran establecer”. 

Acciones que, lamenta Argüello, considera que no se están viendo reconocidas por el Gobierno: “La Iglesia, en la persona de muchos responsables institucionales, ha escuchado y acogido a las víctimas, ha puesto en marcha caminos de reparación, de justicia restaurativa, y ha indemnizado, en muchos casos, sin necesidad de que ningún gobierno ni sentencia se lo haya impuesto”, ha recordado Argüello en el discurso inaugural de la Plenaria.

En este contexto, Argüello asegura no entender algunas declaraciones fuera de tono pronunciadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha llegado a afirmar que “el Gobierno decide y la Iglesia paga”, reduciendo a los económico la reparación de las víctimas.

El presidente del episcopado subraya el compromiso de la Iglesia por, además de poner en marcha el PRIVA , abrir un segundo canal de reparación en colaboración con el Defensor del Pueblo: “Somos conscientes de que, más allá del número, los abusos realizados por personas consagradas a Dios en el servicio a los hermanos son de una enorme gravedad, rompen una confianza sagrada y hieren la fe de los pequeños.

Es un escándalo gravísimo ante el que es preciso cualquier exceso en el reconocimiento de una obligación espiritual y moral, aunque los delitos hayan prescrito o el victimario haya fallecido”, ha argumentado.

Argüello celebra a su vez que este acuerdo con el Defensor del Pueblo y el Gobierno incluya reparar a víctimas en otros ámbitos como en los centros de menores, y la exención fiscal en las indemnizaciones.

En cualquier caso, el presidente de la Conferencia Episcopal critica al Gobierno que tan solo haya querido llegar a acuerdos con la Iglesia en “el asunto de los abusos a menores” cometidos en el seno eclesial, y en la “resignificación del Valle de los Caídos (Cuelgamuros)”, pero ha mostrado escaso interés en otras materias que preocupan a las diócesis como inmigración, vivienda o educación, aunque reconoce “la leal colaboración actual en la preparación de la visita del Papa a España”.

De ahí que en su discurso, el también arzobispo de Valladolid haya querido renovar “nuestro compromiso de colaboración respetuosa y crítica con el Gobierno y los gobiernos” pero afea al Ejecutivo “su deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes en lo político y la libre concurrencia en lo económico, además de una doble vara de medir, según a quién afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción.

Todo ello queriendo asegurar el control sobre los medios de comunicación”, recalca. 

En este punto, Argüello invita al Gobierno y a los monjes de la abadía del Valle de Cuelgamuros “a alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio para ambas partes que, además, sea un testimonio de que es posible superar la polarización y encontrar vías de encuentro”.