La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha advertido este miércoles de un supuesto deterioro de los servicios públicos y de un aumento de la presión sobre la vivienda como consecuencia de la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno central. Asimismo, ha cuestionado los requisitos previstos en el proceso de regularización y ha aseverado que, a su juicio, no debería bastar con una declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales: “No todo el mundo que llega es un delincuente, no me encontrarán en ese discurso, pero no todo el mundo que viene es un ser de luz”, ha incidido.

La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá que miles de personas en situación administrativa irregular accedan a derechos laborales y sociales básicos. Para Prohens, se trata de una regularización “indiscriminada” que “ignora la emergencia habitacional y la presión asistencial”, a pesar de que los datos desmienten este relato, ampliamente difundido por la derecha y la extrema derecha en contraste con la evidencia disponible.

Entre los estudios que rebaten este diagnóstico se encuentra el Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027, que confirma las desigualdades que sufre la población extranjera no comunitaria en educación, empleo, vivienda y acceso a los servicios públicos básicos como la sanidad. Según el documento, estos ciudadanos utilizan menos que los españoles los servicios sanitarios, presentan un abandono escolar temprano y sufren con mayor dureza el incremento de los precios de la vivienda.  

Sin embargo, para la líder balear el resultado de la regulación serán “peores servicios públicos para los ciudadanos de Balears”, recriminando que la medida no va acompañada por el “compromiso de más financiación” y aprovechando para reclamar la renovación del sistema de financiación autonómico. En esta línea, ha recriminado que el coste recae sobre las comunidades autónomas, evitando, no obstante, mencionar el potencial incremento de ingresos públicos derivado de la regularización.

No en vano, instituciones como el  Banco de España subrayan la contribución de la población migrante al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico. Asimismo, indican que la regularización de migrantes permitirá aumentar las cotizaciones sociales y los ingresos fiscales al aflorar empleo no declarado.

Por otro lado, informes académicos y análisis de organismos públicos han cuestionado la relación directa entre migración y criminalidad.

Respecto a la vivienda, Pohens ha reprochado que el Gobierno no tenga en cuenta la problemática que atraviesan las islas en esta materia, obviando el impacto que están teniendo en el encarecimiento del alquiler factores como la presión del alquiler turístico, la escasez de vivienda disponible y la inversión especulativa.

Además, distintos informes apuntan a que los hogares migrantes suelen concentrarse en viviendas compartidas o en condiciones de hacinamiento, lo que refleja su limitada capacidad de competir en el mercado inmobiliario.

Con todo, y pese a que las competencias en materia migratoria corresponden al Estado, la presidenta balear ha señalado que el Govern recurrirá ante el Tribunal Supremo y tratará de lograr la suspensión cautelar de la medida, que entrará en vigor este jueves.