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La gestión de la vivienda en Cádiz vuelve a ser objeto de duras críticas. Adelante Izquierda Gaditana (AIG) denuncia la “situación límite” que vive un joven de 21 años con un 85% de discapacidad y dependencia absoluta, quien lleva más de cuatro meses imposibilitado para salir de su domicilio debido a la inoperatividad del ascensor en su edificio.

El problema se localiza en un inmueble de la calle Nelson Mandela 7, donde las zonas comunes carecen de suministro eléctrico desde diciembre de 2023 por impagos de la comunidad.

Esta situación ha dejado el ascensor fuera de servicio, transformando la vivienda del joven en lo que AIG califica como “una auténtica cárcel”, ya que su insuficiencia respiratoria le impide utilizar las escaleras.

“Es inadmisible que una persona con dependencia absoluta lleve meses encerrada en su casa por la inacción de Procasa”, declara David de la Cruz, portavoz de AIG. Helena Fernández, portavoz adjunta, subraya que asegurar el funcionamiento del ascensor “no es una opción, es una obligación legal y moral”.

Abandono institucional y promesas incumplidas

La familia del joven denuncia un presunto abandono institucional y el incumplimiento de promesas por parte del alcalde.

Según relatan, a pesar de que el alcalde se comprometió en marzo a buscar una solución, no han recibido respuesta posterior. Aseguran que la Secretaría del Gabinete de Alcaldía ha ignorado los correos enviados, en los que se alertaba incluso sobre problemas de insalubridad y riesgo de incendio en el edificio.

AIG critica la actitud del alcalde, lamentando que “ni está ni se le espera” en este caso.

La formación política también reprocha tanto al Ayuntamiento como a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) el abandono del inmueble.

Además de la falta de ascensor, AIG detalla otras deficiencias en el edificio, como una puerta de acceso que no cierra correctamente, daños estructurales en zonas comunes, espacios ocupados de forma irregular y elementos que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos. Todo esto en un bloque de siete plantas donde residen 14 familias.

AIG exige a Procasa que actúe “de urgencia”, asumiendo la resolución del problema por motivos de salud pública, como ya lo ha hecho en situaciones similares.

La formación política advierte que continuará denunciando la situación hasta que se garantice “una solución inmediata” que devuelva la dignidad y la seguridad a los residentes, especialmente a aquellos en situación de mayor vulnerabilidad.