El Congreso da el primer paso para eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía
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El Congreso ha aprobado la toma en consideración de una ley que busca eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía. Esta medida, reintroducida por el PP en 2015 con el apoyo del PSOE y UPyD, ahora es objeto de debate, aunque los socialistas rechazan el fondo del asunto. La iniciativa del PNV también busca reducir las sanciones impuestas por el PP a los cargos públicos que incumplan las sentencias del Tribunal de Garantías.
La propuesta ha sido aprobada con los votos de la mayoría de investidura, mientras que la derecha y la extrema derecha la han rechazado, con un resultado de 175 votos a favor y 171 en contra.
Un “veto político” según el PNV
El diputado del PNV, Mikel Legarda, presentó la iniciativa, calificando la reforma del PP como un “auténtico veto político en manos de la oposición” con efectos perturbadores. Según Legarda, esta reforma delega en el Tribunal Constitucional la resolución de problemas políticos de fondo entre los grupos parlamentarios.
El recurso previo de inconstitucionalidad permite al Tribunal Constitucional fallar sobre una reforma de un estatuto de autonomía antes de que sea refrendado por los ciudadanos de la comunidad autónoma. Los proponentes argumentan que esto podría convertir al Tribunal Constitucional en una tercera cámara legislativa, invadiendo la competencia del legislador.
Los grupos que apoyan la eliminación del recurso previo consideran que otorga a la minoría parlamentaria la potestad de frenar el procedimiento legislativo. Legarda ha recordado que la supresión de este recurso en 1985 fue vista como el restablecimiento de la normalidad en las relaciones entre los poderes del Estado.
Reducción de multas por incumplimiento de sentencias
La iniciativa también busca reducir las multas que el Tribunal Constitucional puede imponer a autoridades y funcionarios que no acaten sus decisiones. Actualmente, estas multas oscilan entre 3.000 y 30.000 euros, pudiendo llegar a la suspensión del cargo. Los nacionalistas proponen multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona que incumpla los requerimientos del Tribunal, reiterando estas multas hasta el cumplimiento total.
Reacciones de otros partidos
El diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha defendido su apoyo a la iniciativa, argumentando que busca “desmontar toda la artillería legal” aprobada por el PP contra Cataluña. Iñarritu ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda revertir consensos aprobados por los parlamentos, considerando que esto va en contra de la soberanía parlamentaria.
Junts también ha apoyado el texto, reprochando al PSOE que en legislaturas anteriores haya apoyado iniciativas similares sin sacarlas adelante.
El PSOE ha recordado que se opuso a la reforma del PP que elevó las multas por incumplimientos, pero apoyó la introducción del recurso previo en su momento, con el objetivo de “atemperar” y “mitigar” el potencial conflicto social e institucional derivado de la declaración de inconstitucionalidad de una reforma del Estatuto, como ocurrió con el catalán. El diputado socialista, Artemi Rallo, ha defendido la posición de su partido, pero se ha mostrado abierto a debatir el texto.
Vox propone ilegalizar a los partidos separatistas
Durante el debate, el diputado de Vox, Ignacio de Hoces, ha anunciado que su partido convocará un referéndum para “ilegalizar a los partidos separatistas”. Hoces ha criticado al PP por considerar que Galicia y Cataluña son naciones sin Estado, instando al partido a unirse a Vox para “asfixiar al separatismo”. El diputado ultra ha reclamado modificar leyes para que partidos con poco apoyo no condicionen la política nacional, recuperar el delito de sedición y de referéndum ilegal, aumentar las penas por conspiración contra la unidad y el ultraje a los símbolos nacionales, y establecer un tipo agravado de malversación cuando vaya contra la unidad nacional.
