Fraude en El Gordo: Empadronamientos irregulares en vivienda social
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
Una investigación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha descubierto un caso de empadronamientos fraudulentos en una vivienda social ubicada en la localidad cacereña de El Gordo. Un residente de la zona empadronó de forma irregular a diez ciudadanos extranjeros en su domicilio, lo que ha derivado en una sanción económica de 10.000 euros.
Investigación y hallazgos
La alerta se activó al detectarse la inscripción de cinco ciudadanos de origen marroquí y otros cinco de origen egipcio en la mencionada vivienda social.
La cantidad de inscripciones, inusual para un municipio pequeño y sin lazos aparentes con Egipto, llamó la atención de las autoridades.
Las pesquisas realizadas por agentes de la Guardia Civil de Peraleda de la Mata y el Equipo ROCA de Navalmoral de la Mata confirmaron que ninguno de los inscritos residía en la localidad ni había utilizado la vivienda en cuestión. Se determinó que los empadronamientos se realizaron de forma fraudulenta, ya que la vivienda no constituía el domicilio real de las personas inscritas.
Consecuencias legales
El caso fue remitido a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, que tramitó diez expedientes sancionadores por una infracción grave de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
La Subdelegación del Gobierno en Cáceres ha resuelto el caso imponiendo diez multas administrativas de 1.000 euros cada una.
El titular de la vivienda, un hombre de nacionalidad española con antecedentes policiales, deberá abonar un total de 10.000 euros por permitir la inscripción irregular en su domicilio.
Advertencia sobre el fraude
Las autoridades recuerdan que este tipo de fraudes suelen tener como objetivo el cumplimiento ilícito de requisitos para regularizar situaciones de manera ilegal o para la obtención indebida de prestaciones o ayudas sociales. Estas acciones pueden acarrear multas de hasta 10.000 euros e incluso derivar en responsabilidades penales.
