El Tribunal Constitucional analiza la condena al fiscal general tras las dudas sobre el testimonio de periodistas
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El Tribunal Constitucional se enfrenta a un caso delicado: analizar si el Tribunal Supremo restó valor al testimonio de seis periodistas en la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Los magistrados deberán determinar si se vulneraron derechos fundamentales al cuestionar la credibilidad de los profesionales que publicaron la información.
El origen del caso: En mayo de 2025, un magistrado del Supremo comentó que existía la percepción generalizada de que los periodistas mentían al negar que el fiscal general les hubiera filtrado información. Este comentario anticipaba la condena de García Ortiz, ya que la creencia unánime de los magistrados sobre la falta de veracidad de los periodistas comprometía su futuro judicial.
Aunque algunos magistrados defendieron la inocencia de García Ortiz basándose en el testimonio de los periodistas, su criterio fue minoritario. Posteriormente, cinco de los siete miembros del tribunal condenaron al fiscal general, desestimando las declaraciones de los periodistas que negaban haber recibido la información de él.
La pregunta clave para el Tribunal Constitucional
Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo plantearon una pregunta crucial en su voto particular: “¿El reconocimiento de su derecho al secreto profesional puede llevar aparejado que deba restarse credibilidad a las manifestaciones de periodistas en un juicio donde están obligados a decir verdad?”.
El Tribunal Constitucional deberá responder a esta interrogante ante los recursos presentados por la Fiscalía del Supremo y el propio ex fiscal general, quienes denuncian la vulneración de varios derechos fundamentales y solicitan la anulación de la condena.
La postura de la Fiscalía
La Fiscalía argumenta que la sentencia impugnada considera el secreto profesional como una “habilitación constitucional para sustraerse a la obligación de decir verdad en un juicio criminal”. Según la Fiscalía, esta interpretación implica una “grave coacción moral” sobre los periodistas, obligándolos a revelar sus fuentes para que su testimonio tenga valor probatorio, lo que pone en riesgo la libertad de información.
Seis periodistas de diferentes medios aseguraron que el fiscal general no fue quien les reveló la información. Algunos incluso señalaron el origen de la filtración en otro lugar, lejos de la Fiscalía General del Estado.
El secreto profesional en el punto de mira
Los magistrados que condenaron al fiscal general argumentaron que los periodistas podían mentir protegidos por su derecho al secreto profesional, lo que generó desconfianza hacia su testimonio.
En contraposición, se esgrimió el argumento de que el fiscal general no actuó con la misma prudencia que los periodistas al difundir la información antes de que García Ortiz la tuviera en sus manos.
Este argumento contrasta con la postura del mismo Tribunal Supremo en un caso similar que involucraba a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde se desestimó una querella al considerar que la información ya circulaba por los medios, aunque no se hubiera publicado.
El delito de revelación de secretos
El delito de revelación de secretos involucra a quien tiene el deber legal de guardar el secreto y a quien lo difunde. En este caso, la investigación inicial avaló la idea de que los periodistas que se acogieron a su derecho a no revelar las fuentes pudieron mentir para defender al fiscal general.
La sentencia del Supremo utiliza jurisprudencia “anglosajona” para destacar la importancia del secreto profesional para la libertad de prensa y la fiscalización del poder.
García Ortiz fue condenado por difundir un correo electrónico que permitía desmentir un bulo difundido por el jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Este bulo acusaba a la Fiscalía de ofrecer un acuerdo a la pareja de Ayuso a cambio de confesar delitos fiscales, cuando en realidad era al revés.
El Tribunal Constitucional ante un caso histórico
El Tribunal Constitucional deberá resolver uno de los casos más polémicos de la historia judicial de España y determinar si despreciar el testimonio de periodistas que se acogen a su derecho al secreto profesional vulnera el derecho a la presunción de inocencia del acusado.
