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La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la jueza María Jesús del Barco, ha respondido contundentemente a las críticas formuladas por miembros del Gobierno en relación con las actuaciones judiciales en el caso que involucra a Begoña Gómez. Durante una entrevista, Del Barco defendió la independencia judicial y recordó la igualdad ante la ley.

“Begoña Gómez no es un cargo político”

Del Barco respondió directamente a las declaraciones del ministro Óscar Puente, quien acusó a los jueces de “violentar la acción política de personas elegidas democráticamente”. La jueza Del Barco aclaró que Begoña Gómez “no es ningún cargo político” y que no ha sido elegida por los ciudadanos. Sugirió que Puente parece creer que ser un político elegido democráticamente otorga impunidad a él y a su círculo.

La magistrada insistió en que el Ejecutivo no puede esperar que alguien, por ser un representante político o cercano a él, esté “al margen de la ley” cuando existan “posibles indicios de la comisión de un hecho delictivo”.

Mencionó el caso del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, preguntándose si el Gobierno pretende que haya “determinadas personas al margen de la ley”.

Críticas al Ministro de Justicia y posible injerencia

La presidenta de la APM también criticó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por sus ataques al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez. Ante la pregunta sobre si Bolaños debería seguir en su cargo, Del Barco respondió que su cese sería lo lógico.

“En un mundo normal sería cesado por el presidente, pero España hace mucho tiempo que dejó de ser un país normal”, declaró la jueza, quien considera que los políticos “deben extremar la prudencia cuando hablan” para no “socavar la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia”.

Del Barco calificó de “intromisión intolerable” las informaciones que sugieren que Bolaños habría enviado correos a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para acelerar las quejas contra el juez Peinado. Recordó que la Constitución atribuye las competencias disciplinarias al CGPJ precisamente para “evitar que un juez tenga que actuar con miedo a ser sancionado por el ejecutivo”.

Comparación con Hungría y Polonia

Según la magistrada, la situación en España se asemeja a lo ocurrido en Hungría y Polonia, países que han recibido advertencias de la Comisión Europea. Recordó que los informes europeos sobre el Estado de Derecho ya “han alertado de los ataques que, de forma reiterada, se están realizando por miembros del ejecutivo hacia el poder judicial”.

Limitaciones de defensa de los jueces

Frente a estos ataques, que Del Barco describió como una “campaña orquestada desde La Moncloa”, los jueces cuentan con pocas herramientas de defensa.

Explicó que si el juez Peinado presentara una querella contra los ministros, “tendría que apartarse del procedimiento”, por lo que sus únicas opciones son emitir comunicados y “dirigirnos a Europa para contar lo que está pasando en este país”.

Mensaje de tranquilidad

A pesar del hostigamiento, la presidenta de la APM quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: “Para ningún juez es plato de buen gusto que te estén atizando […] pero la garantía que tenemos es que seguimos actuando con absoluta independencia”. Concluyó que “quien es miembro de un gobierno no puede verter estas manifestaciones contra los miembros del poder judicial”.