La exclusión de los solicitantes de apatridia en la regularización: Un golpe para los saharauis
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
La reciente decisión del Gobierno español de excluir a los solicitantes de apatridia del proceso de regularización extraordinaria ha generado frustración y preocupación, especialmente entre la comunidad saharaui. Esta medida, que inicialmente consideraba a este grupo, ha dejado a muchas personas en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.
Un cambio inesperado
Ezza, una mujer saharaui llegada a España desde los campamentos de refugiados, esperaba que la regularización le permitiera trabajar y reunirse con su hija. Sin embargo, la exclusión de los solicitantes de apatridia la ha sumido en la incertidumbre. “Pensaba pedirla, pero los saharauis no pueden. Otra vez nos vuelven a castigar”, lamenta Ezza.
La decisión ha sido percibida como un revés para los saharauis, quienes venían siguiendo de cerca el desarrollo de la medida. A pesar de que los solicitantes de apatridia figuraban en borradores anteriores, el texto definitivo los dejó fuera, a pesar de que suelen esperar años por una respuesta del Gobierno.
Muchos saharauis consideran este cambio como un nuevo golpe del Gobierno de Pedro Sánchez al pueblo saharaui, tras el cambio de posición de España con respecto al Sáhara Occidental.
Justificaciones oficiales y críticas
El Gobierno justifica la exclusión basándose en un dictamen del Consejo de Estado, que cuestiona la inclusión de perfiles cuya situación administrativa ya está en proceso de resolución. Según esta argumentación, incorporarles al mecanismo extraordinario podría generar “inseguridad jurídica o solapamientos entre procedimientos”.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó que las personas apátridas no están en situación irregular y que España cuenta con un estatuto específico que las protege. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada, ya que confunde a quienes ya tienen el estatuto de apatridia reconocido con los solicitantes, cuya situación es de mayor vulnerabilidad.
Diversos informes han documentado las dificultades que enfrentan los solicitantes de apatridia en España, como el acceso limitado a derechos básicos mientras esperan una resolución. El procedimiento puede prolongarse durante años, generando barreras para el empleo, la sanidad y las ayudas sociales.
El abogado Sidi Talebbuia, especialista en apatridia, considera que la justificación del Gobierno carece de sentido práctico, argumentando que los solicitantes de asilo también cuentan con un procedimiento propio, más garantista que el de los apátridas.
La difícil realidad de los solicitantes de apatridia
La diputada saharaui de Más Madrid, Tesh Sidi, ha cuestionado las afirmaciones de la ministra Saiz: “¿Protegidos con qué? ¿Con carecer de papeles durante más de tres años, sin poder comer, sin poder trabajar, sin poder acceder a un centro de salud?”.
El caso de Ezza ilustra la situación precaria que enfrentan muchos solicitantes de apatridia. Tras solicitar la apatridia en octubre de 2024, aún no ha recibido respuesta y se encuentra sin documentos, sin poder trabajar. “Desde hace un año y siete meses estoy en trámite, pero aún no me han respondido. Y sigo así, sin documentos, sin poder trabajar, sin nada”, explica.
Agotada por la espera, Ezza esperaba acogerse a la regularización, aunque ello implicase renunciar a la apatridia. Sin embargo, la exclusión la ha dejado sin opciones. “Lo más importante para mí es tener unos papeles para trabajar y vivir con la hija tranquila, sacarla adelante y poder viajar para ver a mi otra hija”, afirma Ezza.
La vida cotidiana de Ezza no se corresponde con la “protección” que, según la ministra, reciben los saharauis como solicitantes de apatridia. Vive en condiciones precarias en casa de su hermana, en un piso pequeño donde conviven ocho personas, sin ingresos ni empadronamiento.
Un problema político subyacente
El abogado Talebbuia sospecha que la situación de los solicitantes de apatridia en España trasciende lo jurídico y está relacionada con la política. La mayoría de ellos son saharauis, cuya documentación procede de la República Árabe Saharaui Democrática, un Estado que España no reconoce. “Ahí hay un problema político evidente. No quiere enfadar a Marruecos”, afirma.
