NUEVO TITULO: Crisis en el Parque de Atracciones de Zaragoza: Oposición exige responsabilidades por el cierre
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La parálisis del Parque de Atracciones de Zaragoza, cerrado al público general por primera vez en 50 años, ha desatado una fuerte tormenta política. Los grupos de la oposición (PSOE, Vox y Zaragoza en Común) han unido sus voces para exigir responsabilidades políticas al gobierno municipal, mientras 81 trabajadores permanecen en un ERTE. Actualmente, la instalación solo opera para eventos previamente programados, como comuniones.
Críticas a la gestión municipal
La oposición ha calificado la gestión del equipo de gobierno como un “fracaso estrepitoso” (PSOE) y una “debacle” y “chapuza absoluta” (ZEC). Los reproches se centran en el retraso en la entrega a la nueva concesionaria y la incertidumbre que rodea el futuro del parque.
Los portavoces denuncian una supuesta falta de transparencia y una gestión deficiente por parte del consejero de Presidencia, Ángel Lorén.
Petición de congelación de inversiones
Vox y Zaragoza en Común han solicitado la paralización inmediata de cualquier inversión pública en el entorno del parque, haciendo referencia a una partida de 5,1 millones de euros. Consideran que este gasto no debe realizarse hasta que se aclare el futuro de la concesión. Vox, socio habitual del gobierno, ha advertido que no apoyará estas inversiones si la situación persiste.
El PSOE exige la dimisión de un alto cargo
El PSOE ha criticado la gestión del Ayuntamiento, argumentando que debió obligar a Moncayo Leisure a hacerse cargo de las instalaciones, abrir el parque y subrogar a la plantilla. El portavoz socialista acusa al gobierno de tomar partido en un conflicto entre socios privados y exige la dimisión del director de proyectos estratégicos, José María Ruiz de Temiño.
El gobierno municipal defiende su gestión
El consejero de Presidencia, Ángel Lorén, ha defendido la actuación del gobierno, asegurando que se han cumplido rigurosamente las condiciones establecidas.
Ha explicado que los problemas financieros afectan a uno de los socios minoritarios de la nueva concesionaria, la empresa saliente Parque de Atracciones de Zaragoza SA, que se encuentra en concurso de acreedores.
Lorén ha insistido en que la solvencia de Moncayo Leisure no está en duda y que el retraso se debe a la “inseguridad jurídica” generada por la situación concursal. También ha destacado la exigencia del nuevo contrato, que obliga a una inversión de 17 millones de euros y un canon anual de 70.000 euros.
Incertidumbre sobre el futuro de los empleados
La situación de los 81 empleados en ERTE es una preocupación central. Aunque Lorén ha asegurado que la nueva concesionaria ha manifestado su voluntad de subrogar a gran parte de la plantilla, la oposición recuerda que esta obligación no está explícitamente recogida en el pliego. El PSOE ha criticado al gobierno por no haber blindado la subrogación en las bases del concurso.
El parque funciona actualmente bajo una orden de continuidad que permite una apertura parcial, aunque Lorén ha asegurado que no se autorizará ninguna atracción que no cumpla los requisitos técnicos de seguridad.
El gobierno confía en que el nombramiento de un administrador concursal para el socio minoritario solucione la situación, mientras la oposición mantiene su presión exigiendo responsabilidades políticas y la congelación de las inversiones.
