Negociación clave para el profesorado de la concertada
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Un colectivo de aproximadamente 200.000 profesionales de la educación en España se encuentra en un momento crucial con la negociación del VIII convenio colectivo de la escuela concertada. Este proceso, a menudo pasado por alto, es fundamental para estos docentes que desempeñan el mismo rol que sus compañeros de la pública, pero en condiciones laborales significativamente diferentes.
Para ejercer en un colegio concertado se exigen los mismos requisitos formativos que en la pública. Sin embargo, a diferencia de sus colegas, no han pasado por una oposición (aunque no es un requisito indispensable para trabajar en la pública) y no están sujetos a la misma regulación que los empleados estatales.
Esto se traduce en salarios ligeramente inferiores, debido a la falta de ciertos complementos por antigüedad o formación. Además, suelen impartir más horas de clase semanales (hasta 28 en la concertada frente a 23 en Primaria en la pública, dependiendo de la comunidad autónoma) y atienden a un mayor número de alumnos. A pesar de no ser funcionarios, su labor es esencial para garantizar un derecho constitucional financiado por el Estado.
Si bien el papel de la escuela concertada en el sistema educativo puede ser objeto de debate, mientras cumpla su función, es cuestionable que se precaricen las condiciones de su profesorado únicamente para ahorrar costes, especialmente cuando la principal diferencia con los docentes de la pública es una oposición que ni siquiera es necesario aprobar para acceder a un puesto interino.
Los sindicatos del sector abogan por la igualdad de condiciones laborales. Aunque el salario, fijado por el Gobierno, no es el principal punto de discordia, sí lo son las horas de clase semanales y las ratios de alumnos por clase, aspectos que entran en este convenio. El Ministerio planea reducir las ratios en la pública, pero no está claro si esta medida se extenderá a la privada.
La patronal, mayoritariamente Escuelas Católicas, prioriza la financiación gubernamental, argumentando que mejorar las condiciones del profesorado es inviable si los colegios no reciben más fondos.
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