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La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la presidenta del Puerto, Mar Chao, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La investigación, según fuentes de Europa Press y The Objective, también involucra a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, así como a otros cuatro funcionarios públicos.

Un fiscal ha sido designado para instruir el caso a partir del 11 de marzo, fecha del decreto de la Fiscalía.

Origen de la denuncia

La investigación se origina en una denuncia presentada por el grupo municipal Compromís de Valencia. La formación política denunció la supuesta creación irregular de puestos de trabajo en diversas entidades municipales con el objetivo de “recolocar” a personal público de manera discrecional.

Este personal provenía del Consorcio Valencia 2007, la entidad liquidada que gestionaba La Marina, en la que participaban el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento.

Detalles de la presunta trama

De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían tenido lugar durante la primavera de 2024, coincidiendo con el proceso de liquidación del Consorcio Valencia 2007. En ese momento, se iniciaron diversos procesos selectivos tanto en el Ayuntamiento como en fundaciones municipales y en el Puerto de Valencia, supuestamente destinados a “recolocar” a personas específicas.

Informe de la Intervención General

La denuncia de Compromís ante la Fiscalía Anticorrupción incluía un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Este documento señalaba específicamente los procesos selectivos llevados a cabo en el Puerto de Valencia, presidido por Mar Chao.